El problema del incremento espectacular en toda España de centros con estudios de Medicina

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El Consejo de Gobierno de la Universitat de València (UV) ha hecho suyo un documento aprobado por la Junta de Centro de la Facultad de Medicina y Odontología sobre el mapa de esta titulación en el que se analiza el “problema del incremento espectacular en toda España de centros con estudios de Medicina, especialmente en universidades privadas“. El decano, Federico Pallardó, ha expresado la “preocupación” por este aumento, que ha calificado de “desmesurado” y, en este sentido, ha recordado que España es el tercer país del mundo en facultades de esta titulación, informa la institución académica en un comunicado.

En el documento se afirma que el número de Facultades de Medicina en España ha pasado de 28 en 2008-2009 a 40 en 2013-2014, y con planes de nueva apertura en la Universitat de les Illes Balears, la Universitat de Vic, la Universidad Católica San Antonio de Alicante y la Mare Nostrum University, sin olvidar las universidades de Jaén, Huelva y Almería, cuyos planes de estudio ya se encuentran aprobados por la Aneca. En algunas facultades ya existentes, principalmente privadas, se está aumentando el numerus clausus, que ha pasado de 4.500 estudiantes de nuevo ingreso a los 7.000 actuales, y con los nuevos centros estas cifras aumentarán más aún.

El aumento de numerus clausus, argumentan, “no está justificado por estudios demográficos, no responde a las necesidades del sistema sanitario ni a la demanda de aumento de profesionales”.

“Por un lado, no se garantiza la excelencia en la formación de los futuros médicos, ya que no hay una distribución y aprovechamiento correcto de los recursos; y por otro lado, tanto el sistema de formación de residentes (MIR), como el propio mercado laboral tras el periodo de residencia, empiezan a ser incapaces de absorber tal número de licenciados/graduados en medicina. Esa tendencia aumentará de forma preocupante”.

La UV apunta a “un desequilibrio insostenible entre la demanda y la oferta de formación y mercado laboral, aumento del paro entre los profesionales sanitarios y una emigración forzada, que va en detrimento de la inversión hecha por el Estado”. A esto se une el aumento en la proporción de plazas privadas respecto a públicas, que obedece “a una lógica de beneficio económico de los centros privados, a costa de la correcta planificación sanitaria que de la formación de profesionales y las necesidades del sistema debe realizar el Estado”.

Esta tendencia “se está desarrollando con el beneplácito de las instituciones y la ANECA, pese a la voz de alarma lanzada por la Conferencia de Decanos de Medicina, el CEEM (Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina), la OMC (Organización Médica Colegial) y la CESM (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos)”.

Ante esta situación, la universidad valenciana expresa su “oposición a la creación de nuevas Facultades de Medicina sin una planificación estatal de los recursos y necesidades demográficas, que implique al Estado y a las comunidades autónomas”.

Igualmente, solicita que se modifique la normativa vigente, tanto de ámbito estatal como autonómico, con el objetivo de que el acuerdo de la Junta de Facultad acerca del aumento o disminución en la oferta de plazas del propio centro sea vinculante para la autoridad académica competente, al tiempo que rechaza el uso de recursos públicos por parte de las universidades privadas y demanda una mayor integración de las instituciones sanitarias públicas en la formación de los estudiantes que cursan la carrera en universidades públicas.

También exige que el numerus clausus global de las Facultades de Medicina se ajuste al número de plazas de formación especializada MIR previstas para oferta 6 años después y que ésta a su vez se ajuste a las necesidades reales de especialistas del Sistema Sanitario; que el Ministerio de Educación haga uso de las herramientas legislativas de las que dispone para establecer un control central sobre el numerus clausus total que ofertan el Conjunto de las Universidades públicas y privadas del Estado, y una mayor coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Fuente:

http://www.lavanguardia.com/