Un total de 27 médicos dominicanos llegados a España entre 2008 y 2010 ejercen como facultativos en distintos centros de salud de Murcia, Cuenca y Alicante sin poseer la titulación de Medicina Familiar Comunitaria ni haber superado el examen de MIR (Médico Interno Residente). Tampoco presentaron su título universitario extranjero para ser homologado por el Ministerio de Educación español, tal y como exige la vigente ley para poder desempeñar un puesto de medicina general en el régimen general de la Seguridad Social. La Policía no descarta que alguno de estos supuestos títulos universitarios pudiera ser falso, según se desprende de las diligencias previas 772/10 que por supuesto delito de estafa instruye el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia y a las que LA GACETA ha tenido acceso.
Las investigaciones policiales corren a cargo del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Tetuán de Madrid, el Grupo VII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid y el Grupo I de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, coordinados todos ellos por el Grupo I de la UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Frontera.
Estos agentes investigan la situación legal en la que se encuentran los médicos extranjeros que este mismo mes acuden al Ministerio de Sanidad a examinarse para su ingreso como MIR por si fuera irregular. Lo descubierto hasta ahora podría ser la punta del iceberg que pondría a flote la situación en la que se encuentra la sanidad pública española al detectarse que en determinados centros de salud ejercen como médicos de familia licenciados extranjeros sin la suficiente titulación universitaria o por no haber superado el examen MIR y encontrarse en situación ilegal en nuestro país.
De acuerdo con las diligencias judiciales, “se tiene conocimiento de la posible existencia de una red de inmigración dedicada a traer médicos dominicanos con destino a la Comunidad Autónoma de Murcia y que alguno de sus títulos universitarios pudiera ser falso”.
Alterar las normas
En una declaración prestada ante la Policía en calidad de testigo por Elvira García Arias, jefe de servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad y Política Social, al ser preguntada por el motivo por el cual “en la convocatoria de 2008 (enero 2009) del ministerio hubo solicitantes extranjeros no residentes a los que se adjudicaron plazas que no les correspondían, excediendo por ello el número de plazas fijadas para estos extranjeros (cupo)”, contestó que lo que ocurrió es que “se permitió cambiar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros afectados por el cupo hasta la fecha de la asignación de las plazas”.
Otra de las preguntas que a este respecto formuló la Policía a Elvira García Arias fue en el sentido de que “si ese cambio de situación administrativa estaba permitida en la convocatoria y por qué”, la funcionaria contestó que “no estaba expresamente permitida, pero que se hizo una interpretación abierta de la norma para evitar el mal mayor que para el sistema nacional de salud hubiera supuesto que se quedaran alrededor de 300 o más plazas sin adjudicar”.
Requerida sobre quién autorizó este procedimiento administrativo pese a tratarse de temas previamente reglados por normas, acuerdos entre países y directivas promulgadas por la Unión Europea, Elvira señaló directamente como responsable al subdirector general que estaba ocupando el puesto en esa fecha, marzo de 2009, aunque no recordaba su nombre. En aquel tiempo Trinidad Jiménez dirigía el Ministerio de Sanidad.
Presunta estafa
Según consta en las diligencias judiciales en poder de LA GACETA, todos estos médicos dominicanos que se presentaron en Sanidad como aspirantes a MIR fueron traídos a España tras abonar cantidades de dinero que en algunos casos sobrepasan los 8.000 €. Los organizadores de estas expediciones –una de 49 y otra de 118– de universitarios caribeños a España utilizaron el señuelo de realizar un curso de preparación para el examen, con clases que serían impartidas tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Facultad de Medicina.
Según las diligencias policiales, el encargado de reclutar en Santo Domingo a estos licenciados en Medicina es el ex rector de la Universidad de aquel país, el doctor Diómedes Robles Cid. Por parte española, el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud, el doctor Antonio Martínez Pastor, y Jesús Navarro Caballero, director de la Academia MGI&NEVA.
Siempre según las mismas fuentes, “en noviembre de 2008 y a través de un abogado llamado ‘Campillo’, se reunieron el jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia (Fulgencio Puche Oliva), y el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud (Antonio Martínez Pastor) porque en Murcia existía un gran déficit de médicos. En la misma [reunión], Antonio Martínez se ofreció para solucionar el problema trayendo médicos del extranjero y preparándoles para el examen MIR en una academia de la capital, que a la postre resultó ser MGI&NEVA, dirigida por Jesús Navarro Caballero, lugar donde el propio Antonio Martínez trabaja dando clases”.
“La primera solicitud de visado –sigue la investigación– fue realizada a mediados de diciembre de 2008 y figuraba la Academia MGI&NEVA como centro donde iban a realizar los estudios, siendo denegada por carecer la misma de homologación. Posteriormente realizan otra solicitud de visado, el día 29.12.08, figurando como centro Formación Profesional San Antolín, que es concedida de manera urgente, comprobándose sólo antecedentes y homologación de centro de estudios, previo informe favorable de la Delegación de Gobierno de Murcia”.
Fulgencio Puche Oliva, actualmente jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia, fue alcalde del PSOE de Molina de Segura desde 1983 a 1991. La oficina que dirige depende del delegado del Gobierno Rafael González Tovar, médico de profesión.
Los implicados
Veintidós personas han sido hasta ahora imputadas por la Policía en estas diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros e intrusismo. Entre ellas se encuentran el subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Antonio López Blanco, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, los tres altos directivos del Servicio Murciano de Salud, Pablo Alarcón Sabater, Fátima Núñez Martínez y Antonio Martínez Pastor, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Diómedes Robles Cid, el ex director de EXPO-MIRIP, José Ramón Mogorrón y el abogado murciano Fernando Campillo.
Otro de los imputados por el supuesto delito de intrusismo es el médico dominicano Cristián Rafael de León Almanzar, que está cursando estudios en la Academia Militar de Sanidad para ser promovido a capitán de complemento de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas. Este futuro oficial de la Sanidad Militar se encontraba en situación irregular en España cuando la Policía denunció que era uno de los dominicanos a los que el Servicio Murciano de Salud les facilitó trabajo en la Seguridad Social careciendo de la titulación para superar el MIR.
Un total de 27 médicos dominicanos llegados a España entre 2008 y 2010 ejercen como facultativos en distintos centros de salud de Murcia, Cuenca y Alicante sin poseer la titulación de Medicina Familiar Comunitaria ni haber superado el examen de MIR (Médico Interno Residente). Tampoco presentaron su título universitario extranjero para ser homologado por el Ministerio de Educación español, tal y como exige la vigente ley para poder desempeñar un puesto de medicina general en el régimen general de la Seguridad Social. La Policía no descarta que alguno de estos supuestos títulos universitarios pudiera ser falso, según se desprende de las diligencias previas 772/10 que por supuesto delito de estafa instruye el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia y a las que LA GACETA ha tenido acceso.
Las investigaciones policiales corren a cargo del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Tetuán de Madrid, el Grupo VII de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid y el Grupo I de la Brigada de Extranjería y Documentación de Murcia, coordinados todos ellos por el Grupo I de la UCRIF de la Comisaría General de Extranjería y Frontera.
Estos agentes investigan la situación legal en la que se encuentran los médicos extranjeros que este mismo mes acuden al Ministerio de Sanidad a examinarse para su ingreso como MIR por si fuera irregular. Lo descubierto hasta ahora podría ser la punta del iceberg que pondría a flote la situación en la que se encuentra la sanidad pública española al detectarse que en determinados centros de salud ejercen como médicos de familia licenciados extranjeros sin la suficiente titulación universitaria o por no haber superado el examen MIR y encontrarse en situación ilegal en nuestro país.
De acuerdo con las diligencias judiciales, “se tiene conocimiento de la posible existencia de una red de inmigración dedicada a traer médicos dominicanos con destino a la Comunidad Autónoma de Murcia y que alguno de sus títulos universitarios pudiera ser falso”.
Alterar las normasEn una declaración prestada ante la Policía en calidad de testigo por Elvira García Arias, jefe de servicio de Gestión de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad y Política Social, al ser preguntada por el motivo por el cual “en la convocatoria de 2008 (enero 2009) del ministerio hubo solicitantes extranjeros no residentes a los que se adjudicaron plazas que no les correspondían, excediendo por ello el número de plazas fijadas para estos extranjeros (cupo)”, contestó que lo que ocurrió es que “se permitió cambiar la situación administrativa de los ciudadanos extranjeros afectados por el cupo hasta la fecha de la asignación de las plazas”.
Otra de las preguntas que a este respecto formuló la Policía a Elvira García Arias fue en el sentido de que “si ese cambio de situación administrativa estaba permitida en la convocatoria y por qué”, la funcionaria contestó que “no estaba expresamente permitida, pero que se hizo una interpretación abierta de la norma para evitar el mal mayor que para el sistema nacional de salud hubiera supuesto que se quedaran alrededor de 300 o más plazas sin adjudicar”.
Requerida sobre quién autorizó este procedimiento administrativo pese a tratarse de temas previamente reglados por normas, acuerdos entre países y directivas promulgadas por la Unión Europea, Elvira señaló directamente como responsable al subdirector general que estaba ocupando el puesto en esa fecha, marzo de 2009, aunque no recordaba su nombre. En aquel tiempo Trinidad Jiménez dirigía el Ministerio de Sanidad.
Presunta estafaSegún consta en las diligencias judiciales en poder de LA GACETA, todos estos médicos dominicanos que se presentaron en Sanidad como aspirantes a MIR fueron traídos a España tras abonar cantidades de dinero que en algunos casos sobrepasan los 8.000 €. Los organizadores de estas expediciones –una de 49 y otra de 118– de universitarios caribeños a España utilizaron el señuelo de realizar un curso de preparación para el examen, con clases que serían impartidas tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como en la Facultad de Medicina.
Según las diligencias policiales, el encargado de reclutar en Santo Domingo a estos licenciados en Medicina es el ex rector de la Universidad de aquel país, el doctor Diómedes Robles Cid. Por parte española, el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud, el doctor Antonio Martínez Pastor, y Jesús Navarro Caballero, director de la Academia MGI&NEVA.
Siempre según las mismas fuentes, “en noviembre de 2008 y a través de un abogado llamado ‘Campillo’, se reunieron el jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia (Fulgencio Puche Oliva), y el jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Familiar del Servicio Murciano de Salud (Antonio Martínez Pastor) porque en Murcia existía un gran déficit de médicos. En la misma [reunión], Antonio Martínez se ofreció para solucionar el problema trayendo médicos del extranjero y preparándoles para el examen MIR en una academia de la capital, que a la postre resultó ser MGI&NEVA, dirigida por Jesús Navarro Caballero, lugar donde el propio Antonio Martínez trabaja dando clases”.
“La primera solicitud de visado –sigue la investigación– fue realizada a mediados de diciembre de 2008 y figuraba la Academia MGI&NEVA como centro donde iban a realizar los estudios, siendo denegada por carecer la misma de homologación. Posteriormente realizan otra solicitud de visado, el día 29.12.08, figurando como centro Formación Profesional San Antolín, que es concedida de manera urgente, comprobándose sólo antecedentes y homologación de centro de estudios, previo informe favorable de la Delegación de Gobierno de Murcia”.
Fulgencio Puche Oliva, actualmente jefe de la Oficina Única de Extranjería de Murcia, fue alcalde del PSOE de Molina de Segura desde 1983 a 1991. La oficina que dirige depende del delegado del Gobierno Rafael González Tovar, médico de profesión.
Los implicadosVeintidós personas han sido hasta ahora imputadas por la Policía en estas diligencias que tramita el Juzgado de Instrucción nº 2 de Murcia por los presuntos delitos de estafa, asociación ilícita, contra el derecho de los ciudadanos extranjeros e intrusismo. Entre ellas se encuentran el subdirector de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Política Social, Juan Antonio López Blanco, el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, los tres altos directivos del Servicio Murciano de Salud, Pablo Alarcón Sabater, Fátima Núñez Martínez y Antonio Martínez Pastor, el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Diómedes Robles Cid, el ex director de EXPO-MIRIP, José Ramón Mogorrón y el abogado murciano Fernando Campillo.
Otro de los imputados por el supuesto delito de intrusismo es el médico dominicano Cristián Rafael de León Almanzar, que está cursando estudios en la Academia Militar de Sanidad para ser promovido a capitán de complemento de los Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas españolas. Este futuro oficial de la Sanidad Militar se encontraba en situación irregular en España cuando la Policía denunció que era uno de los dominicanos a los que el Servicio Murciano de Salud les facilitó trabajo en la Seguridad Social careciendo de la titulación para superar el MIR.
fuente
http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/sanidad-altero-las-pruebas-del-mir-colar-medicos-extranjeros-convalidacion
