Leire Pajín se muestra convencida de que el decreto de troncalidad saldrá adelante en siete meses con el consenso de todos los grupos parlamentarios

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La ministra de Sanidad adelanta que ya está habiendo conversaciones para llegar a un acuerdo, y niega que los responsables de la Comisión Nacional de Medicina de Familia hayan dimitido

Por otra parte, el Congreso admite a trámite una proposición de IU y cambiará la Ley de Sanidad para garantizar la asistencia a todos los españoles

Madrid (25-5-11).- La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, se ha mostrado convencida de que el decreto de especialidades médicas (troncalidad) saldrá adelante con el consenso de todos los grupos parlamentarios con los que, según ha apuntado, el Ministerio está «dialogando y trabajando» para llegar a un acuerdo.

Durante su comparecencia en el pleno del Senado, Pajín ha señalado que abordar este tipo de «retos» es «complejo» porque «implica poner encima de la mesa diferentes puntos de vista que no siempre son convergentes» pero ha indicado que se ha puesto a «trabajar desde el primer día» para que este decreto salga adelante.

En este sentido, ha asegurado que «tener esas especialidades es una gran oportunidad para el país» y por ello «se va a llevar adelante» en los próximos siete meses, negando asimismo que hayan dimitido los componentes de la Comisión Nacional de Medicina Familiar y Comunitaria, como ha asegurado el senador ‘popular’ Jesús Aguirre.

En este sentido, tal como publicó la semana pasada EL MÉDICO INTERACTIVO (ver edición 21/23-5-11), la presidenta de la Comisión Nacional de MF, Verónica Casado, no habló de dimisión pero sí de cese de la actividad asesora de la Comisión mientras el Ministerio de Sanidad no muestre con hechos su respaldo y apuesta por la especialidad.

Ley de Sanidad

Por otra parte, todos los grupos del Congreso han acordado admitir a trámite una proposición de ley de ley de Izquierda Unida para modificar la Ley General de Sanidad, que acaba de cumplir 25 años, con el fin de universalizar el derecho a la asistencia sanitaria pública a las personas con nacionalidad española y residencia en territorio nacional.

El encargado de defender la proposición de ley de IU ha sido el propio presidente de la Comisión de Sanidad, Gaspar Llamazares, quien ha querido llamar la atención sobre la «extendida idea» de que el SNS «es universal y que cubre a toda la población española, sin que ello sea «más que una verdad a medias».

Así, ha alertado de que sigue habiendo ciudadanos que tienen cubierta la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, a pesar de que ésta es financiada en su totalidad por impuestos desde hace varios años. De igual forma que tampoco esta asistencia sanitaria es igual para todos. A su juicio, existen coberturas especiales para ciertos grupos sociales, tales como funcionarios, empresas colaboradoras o determinados convenios especiales.

En este sentido, ha detallado que unas 200.000 personas no tienen derecho a cobertura sanitaria u otro seguro público y se estima en un coste en torno a los 150 millones de euros. «Por todo ello, es necesario, y no se debiera demorar por más tiempo, proclamar el derecho a la cobertura sanitaria pública como toda la población por igual, con igual título, e igual contenido en todo el territorio».

En concreto, en la proposición de ley IU demanda que se especifique que, mientras no se produzca su integración en la Seguridad Social, no será gratuita la asistencia sanitaria pública para quienes hayan optado por sistemas mutuales alternativos que cubran esta asistencia, ni para quienes, estando incluidos en alguna mutualidad, no hayan optado por recibir las prestaciones sanitarias a través de la red pública.

Se propone también que las normas de utilización de los servicios sanitarios sean iguales para todos, independientemente de la condición en que se acceda a los mismos, además de que, entre otros aspectos, se analice el coste anual de la asistencia sanitaria pública derivada de accidentes de tráfico, si se están produciendo situaciones de doble cobertura de la asistencia sanitaria, o se valore, por ejemplo, la calidad de las prestaciones sanitarias.

Incapacidad del Gobierno

El portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Mario Mingo, ha querido felicitar a Llamazares por haber presentado la proposición de ley ante «la incapacidad del Gobierno» por hacer que todos los ciudadanos tengan derecho a la salud.

«El Gobierno ha tenido tres años para llevar a cabo algo en lo que todos estamos de acuerdo», ha indicado, si bien ha destacado, de igual forma que el resto de grupos parlamentarios, que hay puntos de la iniciativa en los que no están de acuerdo e intentarán modificar en el trámite parlamentario, como que a aquellos ciudadanos que tengan un doble aseguramiento se les quite el derecho a la asistencia sanitaria en la salud pública, que propone IU.

Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Grande, no ha querido «felicitar irónicamente como ha hecho el PP» a Llamazares porque considera que no es oportuno traer a colación esta proposición de ley. No obstante, ha querido valorar que en algunas comunidades autónomas se ha ampliado, a costa de sus propios presupuestos, la cobertura sanitaria. «La solución pasa por la universalización que está amparada en las leyes», ha agregado.

Desde Coalición Canaria, José Luis Perestelo ha apoyado la toma en consideración de esta propuesta porque considera que todavía hay colectivos que no tienen acceso al sistema sanitario, de igual forma que el portavoz del PNV en la materia, Joseba Agirretxea, quien ha mostrado su disconformidad con algunos puntos de la propuesta.

Desde CiU, la diputada Conxita Tarruella ha argumentado que esta iniciativa se basa en la necesidad de hacer efectiva la Ley General de Sanidad, cuando en Cataluña, según ha puntualizado, se hizo efectivo el derecho para todas las personas empadronadas. «Valoramos como positiva esta iniciativa porque equipararía la situación de Cataluña con el resto del Estado español», ha puntualizado.

fuente

http://www.elmedicointeractivo.com/noticias_ext.php?idreg=29887

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